Jorge Maldonado MD.

Fallos recientes de la Corte Constitucional (nivelación de los Planes Obligatorios de Salud o POS para los regimenes subsidiado y obligatorio) y del Consejo de Estado (el Fondo de Seguridad y Garantía o FOSYGA pagará el 100% de los medicamentos no POS ordenados por el médico, sin necesidad de tutelaS) y otras sentencias indican que para las Altas Cortes los costos de la salud no son parte de sus decisiones.

Contexto

Nuestra Constitución vigente (1991) está plena de derechos pero de muy pocos deberes. Parte de la base que el Estado le debe dar todo a los ciudadanos y en salud eso significa salud para todos, de todo a cualquier costo.

Ningún país del mundo, ni el más rico, nunca ha podido ni  podrá garantizar que el ciudadano recibirá atención médica sin límites. Racionar y racionalizar el uso de los servicios de salud es un imperativo ineludible que nuestros magistrados en su sabiduría desconocen.

Debería existir un “Corte Suprema” del sistema de salud que dictamine con fuerza de Ley qué servicios, tratamientos o procedimientos se pueden y cuáles NO se pueden garantizar por muy simples y sencillas razones de costo/beneficio.

Eso es precisamente lo que hace NICE, el Instituto Nacional de Excelencia de Inglaterra y Gales, y sus decisiones finales son norma para el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra (NHS).

Un producto oncológico que a un costo digamos de 50.000 libras esterlinas ofrece en el mejor de los casos 3 meses adicionales de vida a un paciente con cáncer metastático renal, dicta NICE, NO tiene una relación costo/beneficio aceptable para el sistema y no se cubre.

Una enfermedad neurológica degenerativa y fatal como la esclerosis lateral amiotrófica, cuyo tratamiento cuesta 100.000 dólares o su equivalente en cualquier moneda no es aceptable para el sistema y su cobertura no está incluida.

¿Injusticia? No, de ninguna manera sino lógica realidad porque el bien de la sociedad se impone sobre el bien individual y con esos dineros se podrían tratar decenas o centenares de enfermos y no solo uno de una enfermedad fatal.

Pero hay casos más sencillos. Existen miles de medicamentos genéricos de bajo costo que no se utilizan porque los médicos reciben de manera constante la presión (y las dádivas) de los productores de medicamentos de marca, que los convencen de la mala calidad de los genéricos y de presuntas bondades de los de marca.

Muchos procedimientos diagnósticos y terapéuticos o no son necesarios o su beneficio es cuestionable. Sin embargo, se utilizan y hay que decirlo muchas veces por intereses económicos.

Para equilibrar el sistema y ante una situación apremiante, la única manera de logar que médico racione y racionalice los costos, ordenando solamente lo necesario y lo de más bajo costo, es mediante educación en economía de la salud y en principios como el costo/beneficio.

Un médico educado y consciente de su responsabilidad social con el mantenimiento y equilibrio del sistema contribuiría sin duda a hacerlo viable.

Si el médico no se educa queda a merced de las presiones de quienes solamente tienen interés en vender más y más caro.

La educación en el uso racional de los recursos y en economía de la salud es un imperativo para que el sistema de salud alcance el necesario equilibrio.

Jorge E. Maldonado MD, PhD
Editor-Jefe Publicaciones ILADIBA
© EMSA-ILADIBA, Julio, 2009