Jorge Maldonado MD.

El Instituto Guttmacher de Nueva York, es quizás la organización privada más relevante a nivel mundial en el campo de la investigación de la salud sexual y reproductiva, en especial de la mujer. Es una entidad sin ánimo de lucro que opera globalmente, a través de investigación, análisis de políticas y educación de la comunidad.

Hace poco el Instituto Guttmacher unió fuerzas con la Fundación Oriéntame y realizó la primera evaluación del aborto en Colombia, en dos décadas.

Encontraron que en 2008 una de cada 26 colombianas tuvo un aborto y que aproximadamente 30% de todos los embarazos terminaron en abortos. En 1989 hubo 288.400 abortos inducidos,  cifra que en los 20 años siguientes se elevó a 400.412. Ese incremento es proporcional al aumento en mujeres de edad reproductiva.

La Corte Constitucional declaró legal el aborto en tres circunstancias. Sin embargo, 99.9% o literalmente todos los abortos que se hacen en Colombia, son ilegales. Una tercera parte de las 400 mil y pico de mujeres que abortan sufren complicaciones y terminan en el hospital.

El problema gravísimo de los abortos ilegales no es que sean ilegales (y aquí me declaro renuente a entrar en controversia con quienes son defensores de la Ley, de la moral y de las iglesias; mi tema es médico) sino que por ser clandestinos entrañan un peligro serio, potencialmente mortal, para la salud de la mujer que tomó la decisión de abortar.

Preocupa, más aún, que 6 de cada 100 instituciones prestadoras de servicios de salud no ofrecen atención para la mujer que ha abortado y requiere atención médica. Es como si llega un paciente con infarto del corazón, hemorragia digestiva o choque, se le niega el servicio por cualquier razón inane y se le abandona a la suerte.

El estudio Guttmacher/Oriéntame reveló que más de 50% de las campesinas abortantes sufrían complicaciones y solo 25% de las de áreas metropolitanas y más afluyentes de Bogotá. Un fenómeno similar se observó en relación al nivel económico.

No lo dice el reporte del estudio, disponible en Internet, pero es fácil colegir que la mujer pobre y rural acude para su aborto a individuos impreparados, que realizan el procedimiento en condiciones precarias y carentes de higiene. Que haya complicaciones no sorprende.

A la mujer de nivel socioeconómico más alto y de áreas urbanas le hace el aborto un profesional entrenado, en un ámbito propicio y estéril. Es más, y no acusamos o delatamos a nadie de nada, ingresa al hospital o centro de atención bajo el diagnóstico de “hemorragia uterina disfuncional” o “apendicitis aguda” que requiere el procedimiento “del caso”. Que no haya complicaciones tampoco sorprende.

En las dos situaciones está reflejada la inequidad, injusticia e hipocresía de la sociedad colombiana.

Con la misma seguridad con que se colige lo expresado, podemos aseverar que las hijas o hermanas de todos los poderosos y ricos y de los enemigos del aborto, quedan embarazadas con la misma frecuencia que las pobres pero abortan bajo protección.

Las autoridades sanitarias del país, ante el informe Guttamacher/Oriéntame han expresado estar conscientes del problema de salud pública asociado a los abortos ilegales. Es un comienzo pero no es suficiente, hay que encarar el problema y forzar porque se legalice el aborto.

Debe respetarse de manera solemne el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Quienes atacan el aborto se escudan diciendo que defienden los derechos de la criatura inerme pero desconocen los derechos de la mujer. Por ello decimos que el aborto ilegal es un crimen contra la mujer fomentado por las circunstancias y por una sociedad hipócrita.

Ahora, que si queremos evitar la necesidad del aborto y es muy loable que así sea, tenemos que intensificar las campañas educativas sobre la anticoncepción, tanto regular como de emergencia y facilitarle a la mujer de cualquier edad el acceso a los medios anticonceptivos. Esa es la recomendación de los investigadores citados.

Nos viene a la mente un suceso, acontecido hace unos años en una ciudad del Oriente del país, donde la Universidad y la Iglesia lanzaron rayos y centellas contra dos jóvenes que habían osado recurrir al uso de misoprostol y en otros casos a anticoncepción hormonal de emergencia (“de la mañana siguiente”), ante la posibilidad de haber quedado embarazadas en encuentros sexuales fortuitos y mal planificados.

Colombia tiene la tasa más alta de la región, 25%, de embarazos no deseados. Si no queremos abortos (y no debemos quererlos) entonces, hagamos campañas intensas y amplias de educación en planificación familiar.

Sin embargo, los moralistas poderosos que se oponen al aborto, son los mismos que se oponen a la anticoncepción. Deben entrar en razón porque son las pobres las que más sufren el impacto de desconocer cómo evitar el embarazo y no sus hijas o hermanas que han tenido más suerte de educarse.

Jorge E. Maldonado MD, PhD, FACP
Editor-Jefe de Publicaciones ILADIBA
Vicepresidente de Educación Federación Médica Colombiana
Miembro de Número Academia de Medicina de Colombia
Profesor Titular de Medicina Mayo Clinic College of Medicine (1976)
Profesor Visitante Universidad de París Sur (1975)
Profesor Visitante Universidad de Harvard (1985-1987)

© EMSA-ILADIBA, Septiembre, 2011